Los delitos contra la salud pública son aquellos que tienen como objetivo dañar la salud de la población en common o de un grupo específico de personas. Estos delitos pueden ser cometidos por individuos, empresas o instituciones, y pueden incluir:
Estas medidas se aplican para reducir la sobrepoblación en las cárceles y para ofrecer una oportunidad de rehabilitación a los acusados.
Cuando un ciudadano es acusado presuntamente por un delito contra la salud pública, lo primero que hacemos es una serie de preguntas para conocer si es consumidor habitual o si dicha droga incautada estaba destinada a la comercialización o consumo propio.
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Generalmente, la droga utilizada en estos casos es suministrada por el Estado, motivo del que puede valerse el abogado en la defensa del acusado.
Este proceso implica la introducción de dinero en el sistema financiero legal para que parezca que proviene de actividades legítimas.
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Los abogados penalistas también intentan negociar con los fiscales para hacer que se reduzcan los cargos o posibles penas. Esta estrategia puede implicar un acuerdo que establezca que el demandado firme una declaración de culpabilidad a cambio de una pena más leve.